La transferencia al Congreso Nacional Brasileño de las
competencias sobre la delimitación de las tierras de los pueblos indígenas y
descendientes de esclavos ha recibido la oposición del episcopado brasileño.
Esta facultad ha correspondido hasta ahora al poder ejecutivo, a cuyo frente
está la presidenta de la república.
Los obispos brasileños consideran que la propuesta de
modificación de la constitución es un atentado contra los derechos de dichas
poblaciones. Una nota publicada el lunes por la Conferencia Episcopal Brasileña
afirma que, “siendo de orden técnico, el asunto exige estudios antropológicos,
etnohistóricos y cartográficos. No conviene, por ello, que sea transferido para
someterlo al legislativo”.
En la nota se considera “preocupante” la constitución de
una comisión creada por el presidente de la Cámara de Diputados para “apresurar
la tramitación” del cambio constitucional. El texto recuerda que la
Constitución Federal garantiza a los pueblos indígenas el derecho a sus
territorios tradiciones, además de asegurar la protección del medio ambiente.
El episcopado brasileño lanza un llamamiento a todos los
disputados para que rechacen este cambio, para que los “intereses políticos y
económicos no se sobrepongan a los derechos de los pueblos indígenas”.
El compromiso de la Iglesia brasileña en la defensa de
estos colectivos tan amenazados ha sido siempre muy firme. El CIMI, el Consejo
Indígena Misionera, y los obispos de las zonas donde están enclavadas estas
tierras, además de religiosos y religiosas han mostrado de palabra y obra este
apoyo en innumerables ocasiones, lo que les ha llevado incluso a recibir
amenazas de todo tipo.
La semana pasada un centenar de indígenas pertenecientes
a las zonas amenazadas por este cambio constitucional ocuparon el pleno de la
asamblea, en señal de protesta.
